¿Cómo se puede entorpecer y frenar el paso a una economía verde que creará cuatro empleos por cada uno que se destruya, tal como lo sostiene la OIT?

A finales del año 2019, la ONU y algunos de sus principales aliados lanzaron un claro mensaje dirigido a presionar y convencer a los muchos países que no acaban de comprometer acciones ambiciosas para recortar sus emisiones de CO2. La descarbonización acelerada de las economías no solo es una obligación si se quiere evitar el desastre climático sino que es una oportunidad que generaría en la próxima década un fuerte crecimiento económico mundial y decenas de millones de nuevos empleos.

Así lo repitieron durante toda la jornada el secretario general de la ONU, António Guterres, la anfitriona de la COP25, la ministra española de Transición Ecológica, Teresa Ribera, y los principales responsables de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Guterres aseguró contundente que es «una tontería» y «una falsedad» el argumento de que crecimiento económico y lucha contra el cambio climático son incompatibles.

La organización internacional que reunió a gobiernos, sindicatos y empresarios, de hecho, dio a conocer en su día un estudio monográfico sobre el empleo verde que, entre sus varias conclusiones, indicaba que una política audaz de descarbonización de la economía, con una apuesta decidida por las energías limpias, la reutilización y el reciclaje, y la eficiencia energética, crearía de aquí a 2030 cuatro veces más empleos de los que destruiría con el abandono de los combustibles fósiles.

El análisis de la OIT, realizado en 32 países de los cinco continentes que suman el 65% del PIB mundial y el 63% de las emisiones de CO2, calcula que la transición a una economía verde generaría en esa década, como mínimo, 25 millones de nuevos empleos y destruiría unos siete millones, con un saldo neto positivo de al menos 18 millones de ocupaciones.

El documento indicaba que se trataría de 20 millones de empleos de nueva creación y de otros cinco procedentes de reubicar a trabajadores que perderían su empleo en el proceso de reconversión en puestos equivalentes que perdurarán en otros sectores. Los otros dos millones que se quedarían sin trabajo son empleados en puestos que desaparecerán con la descarbonización –minería, hidrocarburos, sector del gas, o de la automoción, principalmente– y que no tendrán las competencias y conocimientos técnicos para una ubicación inmediata, por lo que tendrían que recibir ayuda y formación para lograr un nuevo empleo.

Los sectores con más capacidad para crear nuevos empleos verdes serán los de la producción de energías renovables, así como los de la fabricación, instalación y mantenimiento de este tipo de instalaciones; los vinculados a la gestión y control de residuos y de agua; los de la construcción ecológica, rehabilitación y eficiencia energética; el de la agricultura ecológica y la industria vinculada; el del transporte sostenible; y todas las ramas de formación e innovación vinculadas a los nuevos sectores.

Una buena formación profesional que exige una mejor coherencia formación-empleo y unos buenos profesores es la clave

Eso sí, la OIT advertía que para que esta gran expansión del empleo fuera una realidad sería indispensable que todos los países hicieran un inversión masiva y una planificación rigurosa para formar a los jóvenes en los nuevos perfiles profesionales que demandaría la economía verde, para dotar, sobre todo a los trabajadores de cualificación media, de los conocimientos técnicos y las competencias que les permitieran transitar de un sector de pasado a otro de futuro, y para equipar a quienes vieran desaparecer su profesión con habilidades complementarias y avanzadas para empezar de nuevo. A su vez, también avisaba que la mayoría de los gobiernos no habían hecho sus deberes como hubiera podido esperarse de personas serias y comprometidas con el futuro de sus países. Pero, por lo visto, no fue el caso.

Si el esfuerzo de capacitación se realizaba, el cálculo de empleo del informe de la OIT podría ser incluso conservador. Así lo manifestaba su propio director general, Guy Ryder, que estimó que los nuevos empleos de la economía verde podrían llegar en 2030 a representar unos 30 millones, y sobre todo lo defendian las proyecciones de la ONU, que calculaban en 65 millones los puestos de trabajo que traería el cambio de modelo económico. Las estimaciones del Gobierno español resaltaban que la transición ecológica crearía en España entre 250.000 y 300.000 nuevos empleos netos.

La descarbonización de la economía es una oportunidad, pero sobre todo tiene que ser, insistió Guterres, «una transición justa» para las personas más afectadas en su empleo y medios de vida por el paso a la sociedad verde, porque «no debemos dejar a nadie atrás».

Con esa idea, y con el liderazgo de España, Perú y la OIT, se creó la iniciativa de la ONU ‘Acción Climática para el Empleo’, a la que se adhirieron unos 50 países para diseñar planes específicos de transición justa desde el consenso entre instituciones, empresarios y trabajadores, especialmente para el cierre de las minas y empresas del sector del carbón.

Esos planes, defienden que se debe poner a las personas en el centro y garantizar la capacitación de jóvenes y trabajadores; asegurar políticas de protección social –insuficientes para el 70% de la población–; y transferir tecnología y fondos a países más desfavorecidos. Estamos a finales de marzo del año 2021 y aunque todavía no hemos remontado la pandemia del coronavirus, sí que conviene seguir por la senda de la descarbonización de la economía, apostar por un escenario climáticamente neutro, eliminando lo antes posible y de manera urgente los combustibles fósiles e imprimiendo un buen ritmo de electrificación de todos los consumos energéticos.

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