El Comercio de Emisiones

El Protocolo de Kyoto también conlleva, en la lucha contra la amenaza que representa el Cambio Climático, la puesta en marcha del Comercio de Emisiones de GEIs, a nivel mundial. De este modo, la tonelada emitida de CO2 ha comenzado a tener precio, lo que también influirá en la competitividad de las industrias de Gipuzkoa, País Vasco, de algunos sectores relacionados con la producción de acero, generación eléctrica, fabricación de pasta y papel, cemento, vidrio y cerámica.

El Comercio de Emisiones es, como su propio nombre indica, una compra-venta de emisiones de gases de efecto invernadero entre países que tengan objetivos establecidos dentro del Protocolo de Kyoto; es decir entre los países industrializados o pertenecientes al Anexo I del Protocolo de Kyoto.

De esta manera, los países o regiones que reduzcan sus emisiones más allá de lo comprometido podrán vender los derechos de emisiones que les sean excedentarios ese año a los países que no hayan logrado cumplir con sus compromisos. Dentro de los derechos de emisión con los que se podrá negociar, se encuentran todas aquellos debidos a las emisiones de los gases de efecto invernadero procedentes de:

  • Las cuotas de emisión asignadas a cada país, en base al Protocolo de Kyoto
  • Las emisiones debidas a la Aplicación Conjunta y a los Mecanismos de Desarrollo Limpio que explicaré más adelante.

Los países más industrializados firmaron un acuerdo internacional con los compromisos que cada uno debía reducir, siempre tomando como año de referencia 1990. Japón se comprometió a reducir un 6%; los Estados miembros de la Unión Europea una media del 8%, si bien el Estado español, debido a sus menores emisiones en 1990, podía aumentarlas en un 15% para el año 2008. Finalmente, Rusia debería mantenerse en los mismos niveles que presentaba en 1990.

Con la entrada en vigor del Protocolo, el Estado español puso en marcha el Plan Nacional de Asignación de Emisiones, que permite emitir 513,6 toneladas de CO2 equivalente a 957 instalaciones industriales, durante el periodo 2005-2007, sin que tengan que pagar nada por ello. Sin embargo, si alguna de estas empresas supera su tope permitido, deberá comprar nuevos derechos de emisión en el mercado europeo.

Actualmente, el Estado español emite un 45% más que en 1990, muy lejos del 15% de aumento máximo permitido que debería alcanzar para el año 2008. La Unión Europea ya advirtió hace dos años sobre el hecho de que cuatro Estados miembro: Dinamarca, Italia, Portugal y España, se estaban pasando y estaban muy por encima de las emisiones asignadas y, además, reconoció que tendrían dificultades para acercarse a la cuota establecida.

De no alcanzar el objetivo, la UE podría aplicar al Estado español sanciones y, aunque todavía no se ha especificado la cuantía de las mismas, podemos estimarlas en, por lo menos, unos 25 €/Tn de CO2. Así pues, el único recurso que les quedará a las empresas no será otro que el de comprar en el mercado de emisiones, los excedentes de otros Estados miembros que sí están cumpliendo con el Protocolo de Kyoto, como es el caso del Reino Unido y Alemania.

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