Se anuncia una fuerte recaída de la crisis financiera mundial (II)

La Prospectiva tiene que hablar sin pelos en la lengua. Debe decir la verdad por muy dolorosa que ésta sea. No se puede construir ningún futuro que merezca la pena partiendo de hipótesis falsas. El modelo económico actual ya no da más de sí y se está agotando. En una gran medida, lo está porque los recursos físicos que no se reponen se acaban y también porque crece la demanda al aumentar constantemente la población mundial. En los países emergentes, que además son los que más crecen económicamente, cada vez hay más personas que quieren disfrutar de los bienes que hasta ahora han sido reservados, exclusivamente, a los países desarrollados. Sin un cambio de modelo económico que apueste por el desarrollo sostenible no hay solución posible.

Muchos de estos países desarrollados están quebrados porque consumen mucho más de lo que pueden costear y, además, apenas producen ya casi nada. Siendo así, han de importar casi todos los bienes que consumen de aquellos países donde la mano de obra es muchísimo más barata. Pero tampoco tienen  con qué pagar lo mucho que necesitan importar y, de este modo, sus deudas crecen progresivamente, año a año, hasta que no tiene cómo responder a sus deudas.

En estos países desarrollados que se encuentran en franca decadencia, las empresas que viven bien y que mantienen escandalosas tasas de beneficios, lo hacen a base de corromper a políticos para obtener privilegios que injustamente disfrutan. En muchos casos, los incentivos y ayudas al sector financiero, en especial, y a otros sectores oligopolistas, en general, siguen basándose en políticas corruptas. Son ayudas a las que la inmensa mayoría de las empresas no pueden acceder.

Además de las empresas financieras, son las empresas de servicios públicos —como las empresas eléctricas, gasistas, petroleras, de telecomunicaciones, Educación, Sanidad pública, Administración pública, etc.— los sectores económicos que más disfrutan de un trato de favor por parte de los diferentes poderes públicos.

Estas empresas no están sujetas a las reglas de juego comunes como las que han de cumplir las demás empresas. De manera especial, son los bancos y cajas de ahorro los que ahora sobresalen como los actores más privilegiados del sistema obsoleta actual. Este sector es el corazón de los mercados especulativos. Junto a las compañías de servicios públicos son los rentistas del sistema por excelencia.

Destacan estas empresas rentistas tanto por el daño que han hecho como por el hecho de que, en medio de esta crisis económica tan severa que estamos padeciendo, son empresas que no están sujetas a las mismas situaciones de riesgo e inseguridad que cualquier empresa o cualquier persona normal de la calle tiene que encarar si quiere sobrevivir.

El sector financiero ha sido el más irresponsable y fue el que impulsó las burbujas crediticia e inmobiliaria que precipitaron la depresión económica actual. Este sector quebró pero fue rescatado gracias a las ayudas públicas para nuestra desgracia. Hoy en día, se mantiene vivo y ha vuelto a las andadas especulativas de antes, gracias a los fastuosos privilegios y a las millonarias ayudas que se les han concedido injustamente por parte de los diferentes gobiernos a coste de los ciudadanos y empresas. Unos privilegios que no han tenido contrapartida, al no haberse conseguido que el crédito llegue al resto de las empresas.

En efecto, gracias las acciones restringidas, a las opciones, a las bonificaciones, a las titularizaciones, a las diferentes estructuras de tarifas, a las ventas internas de acciones que son “demasiado grandes como para poder quebrar” y al hecho importante de gozar de responsabilidad limitada, a pesar de las graves consecuencias de sus codiciosas e irresponsables acciones, es como al sector financiero se le paga para comportarse temerariamente y perder poco – o nada – si las cosas les van mal.

Por otra parte, los actores que deberían favorecer un buen funcionamiento de los mercados, arbitrando el funcionamiento de la economía, también son corruptos. Se supone que deberían apoyar un sistema de libre empresa que funcionase bajo el imperio de la ley y al servicio de la prosperidad de los ciudadanos, de manera que se garantizara la igualdad en el trato a las empresas ante la ley. Nada más lejos de la realidad.

De hecho, nuestro actual modelo económico se basa en un juego donde los jugadores tienen que sobornar a los árbitros si quieren tener unos buenos resultados económicos. Para colmo, el sistema se ha vuelto tan corrupto que ya ni tan siquiera hay vergüenza como para ocultar el inmoral tráfico de influencias. Con cara de estúpidos, observamos cómo aquellos que fueron grandes líderes políticos, al abandonar la política, venden sus servicios de ‘lobbying’ a las grandes multinacionales, máxime si son empresas del mismo país. El descaro es total.

Así, hoy en día, es público comprobar cómo muchos ex-líderes políticos, aprovechando su paso por la política y su innegable poder de influencia en unos partidos políticos demasiado acostumbrados al nepotismo, son contratados por empresas financieras y energéticas, no por lo que estos ex-líderes políticos saben de finanzas o de energía, que seguramente será nada o muy poco, sino para que actúen como parte integrante del lobby financiero o energético de turno que persigue mantener u obtener privilegios de los poderes públicos.

Otra forma de corrupción es la financiación de los partidos o las ayudas a determinadas candidaturas políticas. Sólo en Estados Unidos —uno de los pocos países del mundo donde se hacen públicos estos datos— según pública el organismo “Center for Responsive Politics”, durante el año 2010, el sector financiero se gastó 474 millones de dólares para presionar a los políticos al objeto de que aprobaran o mantuvieran leyes que favorecieran al sector financiero. Parece que en nuestra adulterada democracia da lo mismo quien gane las elecciones porque, en la práctica, siempre ganan las empresas oligopolistas.

Lo mismo podríamos decir de gran parte de los ayudantes, asesores y parásitos que contratan los diferentes gobiernos y que, en realidad, más que ser de ayuda al ‘buen gobierno’, su principal cometido consiste en defender, a costa del erario público, los intereses y privilegios de determinadas empresas oligopolistas. (Continuará)

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